La ciudad chilena de Punta Arenas se prepara para activar en noviembre un nuevo e histórico puente marítimo con las islas Malvinas. La ruta, que estará operada por la naviera chilena Eastern Island, promete revolucionar el transporte austral al acortar a la mitad la distancia de navegación actual. Actualmente, el archipiélago depende de una extensa ruta de casi 2000 kilómetros que conecta exclusivamente con el puerto de Montevideo, Uruguay, por lo que la opción de Magallanes se presenta como una alternativa logística sumamente competitiva.
El objetivo central de la iniciativa es el abastecimiento directo de una amplia gama de insumos críticos demandados por los habitantes de las islas. El intercambio comercial contempla el envío sistemático de alimentos, frutas, verduras frescas, vinos chilenos, materiales de construcción, gas licuado y repuestos mecánicos. Las autoridades de Punta Arenas proyectan que este flujo capturará un dinámico poder de compra local que se calcula en aproximadamente 20 millones de dólares anuales, inyectando una importante liquidez a los exportadores locales.
Los engranajes de este negocio ya están en marcha, y se ha confirmado que los días 28 y 29 de septiembre arribará a Punta Arenas una delegación comercial del gobierno de las islas para concretar una rueda de negocios con proveedores locales. El encuentro fue anunciado por el canal de televisión del archipiélago y es fuertemente impulsado por Louise Ellis, subdirectora de la Corporación de Desarrollo, y Mike Summers, director de la Cámara de Comercio de las islas. Ambos directivos han remarcado el enorme interés comercial recíproco por reactivar definitivamente los lazos económicos en la zona austral.
Para blindar el millonario proyecto de las inevitables repercusiones geopolíticas, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, defiende la medida bajo la premisa de ser estrictamente un “acuerdo entre privados”. De esta forma, el jefe comunal busca disociar la ruta comercial de las complejas esferas de la diplomacia internacional y de la disputa soberana que mantiene la Argentina. Del mismo modo, para sortear la histórica resolución del Mercosur de 2011 que prohíbe la recalada de buques con bandera de las islas en la región, Radonich confirmó que las naves utilizarán otra bandera para poder operar legalmente en los terminales chilenos.
La reactivación comercial promete resarcir parte de las pérdidas económicas que afectaron a Magallanes tras la prohibición de 2011, estimadas por el alcalde en unos 300 millones de dólares. Sin embargo, la ambiciosa ruta marítima se pondrá a prueba en medio de un escenario diplomático tenso. El proyecto no solo podría verse afectado por el Decreto 256/2010 de Argentina que obliga a los buques con rumbo a Malvinas a pedir autorización de tránsito en aguas jurisdiccionales argentinas, sino que entra en vigencia coincidiendo con el viaje oficial del mandatario argentino Javier Milei a Chile y los reclamos de soberanía correspondientes.