La justicia federal declaró inconstitucional el decreto 759/2025, utilizado por el gobierno nacional para suspender la aplicación de la ley de financiamiento universitario, y ordenó al poder ejecutivo avanzar con el cumplimiento de la norma aprobada por el congreso.
La decisión fue tomada por el juez martín cormick, titular del juzgado contencioso administrativo federal n°11, quien hizo lugar a un amparo colectivo presentado por el consejo interuniversitario nacional, distintas universidades y la universidad de buenos aires. el magistrado consideró que la suspensión dispuesta por el ejecutivo no superaba un criterio mínimo de razonabilidad.
La ley había sido aprobada por el congreso en 2025 y posteriormente vetada por el presidente javier milei. sin embargo, diputados y senadores insistieron con la iniciativa mediante las mayorías especiales requeridas por la constitución. el gobierno terminó promulgándola, aunque suspendió su ejecución argumentando que no estaban especificadas las fuentes de financiamiento.
El fallo vuelve a colocar al conflicto universitario en el centro de la agenda nacional. la resolución exige avanzar con aspectos de la ley vinculados, entre otros puntos, a la recomposición salarial de docentes y no docentes y al financiamiento del sistema universitario público.