La provincia de Santa Cruz estableció la prohibición del autoservicio de combustible en todas las estaciones de servicio y bocas de expendio de su territorio. La medida quedó formalizada mediante la Ley Provincial N.º 4024, publicada el 13 de octubre en el Boletín Oficial N.º 6165. La normativa determina que únicamente el personal autorizado de los establecimientos podrá operar los surtidores para cargar nafta, gasoil y otros combustibles.
La legislación fue sancionada por la Cámara de Diputados de Santa Cruz el pasado 10 de septiembre y promulgada por el gobernador Claudio Vidal el 23 del mismo mes, mediante el Decreto N.º 1017. Su aplicación alcanza a todas las localidades de la provincia, incluyendo Río Gallegos, Caleta Olivia, Puerto Deseado, El Calafate y las demás comunidades santacruceñas.
Entre los fundamentos que acompañaron la iniciativa se destacan la prevención de accidentes y la protección de los trabajadores del sector. Los impulsores de la normativa consideran que la manipulación de combustibles requiere conocimientos específicos y procedimientos de seguridad para reducir riesgos de incendios, derrames y otros incidentes. También señalaron las condiciones climáticas particulares de Santa Cruz, donde los fuertes vientos y las bajas temperaturas pueden representar dificultades adicionales.
La nueva ley establece que el Poder Ejecutivo provincial deberá designar una autoridad de aplicación encargada de controlar su cumplimiento. Este organismo tendrá facultades para realizar inspecciones, establecer disposiciones complementarias y aplicar sanciones cuando se detecten irregularidades. Entre las penalidades previstas figuran apercibimientos, clausuras temporarias y clausuras definitivas en casos de reincidencia.
La disposición marca una diferencia respecto de la posibilidad de implementar sistemas de autodespacho habilitada a nivel nacional. Con esta decisión, Santa Cruz mantiene un esquema de atención en el que la carga de combustible queda reservada exclusivamente a los trabajadores de las estaciones de servicio. La medida también busca preservar puestos laborales vinculados con una actividad fundamental para el transporte y la movilidad en la Patagonia.
