La próxima reapertura de una conexión marítima comercial entre Punta Arenas y las Islas Malvinas generó nuevas preocupaciones en las autoridades del sur de Chile. El gobernador de Magallanes y de la Antártica Chilena, Mauricio Flies, confirmó que mantiene conversaciones con la Cancillería de su país ante las advertencias surgidas desde Argentina por el recorrido que realizará el buque Danstar. El servicio, impulsado por la naviera chilena Easter Island, tiene previsto comenzar durante la primera semana de diciembre de 2026 y busca establecer una alternativa de abastecimiento para el archipiélago.
La controversia está relacionada con la posibilidad de que la nueva conexión comercial sea utilizada para transportar insumos destinados al proyecto petrolero offshore Sea Lion, desarrollado en aguas próximas a las islas. Argentina mantiene su reclamo de soberanía sobre Malvinas y cuestiona las actividades de exploración y explotación de recursos naturales realizadas sin su autorización. Sin embargo, hasta el momento no se confirmó que el servicio marítimo esté específicamente destinado a abastecer ese emprendimiento hidrocarburífero.
Flies manifestó su preocupación por la posibilidad de que se produzca algún incidente durante la navegación y reclamó que las diferencias sean resueltas mediante los canales institucionales. El funcionario sostuvo que las cancillerías de ambos países deberían actuar de manera preventiva para evitar una escalada diplomática. Por su parte, el canciller argentino Pablo Quirno había descartado anteriormente que el Gobierno nacional tuviera intenciones de abordar o atacar al carguero, y aseguró que las gestiones argentinas se desarrollarían por vías pacíficas y diplomáticas.
Desde el sector empresarial chileno destacan las oportunidades comerciales que representa la conexión. El Danstar, con capacidad para transportar aproximadamente 1.389 toneladas de carga, permitirá trasladar alimentos, materiales de construcción y otros productos desde Punta Arenas. La ruta también podría beneficiar a pequeñas y medianas empresas de Magallanes y reducir los costos logísticos respecto de los recorridos que actualmente se realizan desde Uruguay. Las autoridades regionales consideran que la actividad puede fortalecer el papel de Punta Arenas como centro portuario del extremo austral.
La situación vuelve a colocar al Atlántico Sur en el centro de la agenda bilateral. Mientras Chile defiende las posibilidades comerciales de la ruta, Argentina insiste en la necesidad de proteger sus derechos soberanos y evitar que la logística regional facilite actividades hidrocarburíferas cuestionadas. Por ahora, el servicio permanece en etapa de preparación y no existe una decisión oficial argentina de impedir su navegación. Las próximas conversaciones entre las autoridades de ambos países serán determinantes para conocer cómo evoluciona la controversia.
