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El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, mantuvo este miércoles 28 de octubre una reunión con Sebastián Santillán, referente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en la Zona Norte provincial, para analizar el cumplimiento de la Ley 90/10. El encuentro, desarrollado en Casa de Gobierno, estuvo centrado en fortalecer las inspecciones a las empresas y garantizar que las nuevas contrataciones prioricen a trabajadores residentes en Santa Cruz. Desde el Ejecutivo señalaron que las medidas buscan proteger los puestos laborales en un contexto de dificultades económicas y reducción de la actividad en diferentes sectores productivos.

La normativa, establecida mediante la modificación de la Ley Provincial N.º 3.141, exige que las empresas alcanzadas por el régimen cuenten, como regla general, con al menos un 90% de trabajadores locales. Para ser considerados dentro de ese porcentaje, los empleados deben acreditar una residencia efectiva mínima de seis años en Santa Cruz. La legislación alcanza a actividades estratégicas como minería, hidrocarburos y pesca, entre otras. Su implementación incluye el Sistema de Registro de Empleo Local (SIREL), una herramienta que permite controlar las nóminas de personal y verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos.

Durante la reunión, Santillán explicó que se intensificaron las tareas de fiscalización en establecimientos empresariales de la Zona Norte. También destacó la incorporación de técnicos de Seguridad e Higiene, quienes participan en las inspecciones destinadas a comprobar que las compañías respeten las condiciones laborales y las medidas de protección de sus empleados. El funcionario sostuvo que la prioridad es asegurar que las nuevas oportunidades de trabajo beneficien a los santacruceños, aunque el Gobierno todavía no difundió cifras actualizadas sobre la cantidad de inspecciones realizadas ni sobre posibles sanciones aplicadas.

La implementación de la Ley 90/10 también genera debates dentro del sector productivo. Mientras organizaciones de proveedores locales consideran que la normativa puede fortalecer el empleo y la economía provincial, representantes de la industria minera advirtieron sobre las dificultades para alcanzar los porcentajes exigidos en determinados puestos especializados. La reglamentación contempla mecanismos de excepción y procesos de adecuación para las empresas. En este escenario, el Gobierno provincial busca avanzar con los controles sin afectar la continuidad de las actividades productivas, uno de los principales desafíos para la recuperación del empleo santacruceño.