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El Fondo Verde para el Clima (Green Climate Fund), uno de los principales mecanismos internacionales de financiamiento para enfrentar el cambio climático, aprobó una asignación récord de 1.970 millones de dólares destinada a 21 nuevos proyectos. La decisión fue anunciada tras la última reunión de su junta directiva y difundida por Reuters este viernes 30 de octubre. Los recursos estarán dirigidos a iniciativas vinculadas con la reducción de emisiones contaminantes, la adaptación a fenómenos climáticos extremos y el fortalecimiento de la capacidad de respuesta de países en desarrollo.

Del monto total aprobado, aproximadamente 682 millones de dólares corresponden a seis proyectos vinculados con el sector privado. La organización busca ampliar la participación de empresas e inversores en el financiamiento de iniciativas ambientales, utilizando sus propios recursos para movilizar capital adicional. Según explicó su directora ejecutiva, Mafalda Duarte, durante el último año el fondo consiguió atraer alrededor de nueve dólares de inversión por cada dólar comprometido en determinados programas privados, y ahora pretende superar una relación de diez a uno en futuras operaciones.

Las nuevas aprobaciones elevaron a 3.200 millones de dólares el financiamiento autorizado durante 2026, la cifra anual más alta registrada por la institución hasta el momento. Desde su creación, el Fondo Verde para el Clima acumula inversiones propias por aproximadamente 22.300 millones de dólares distribuidas en 379 proyectos. Si se incluyen los aportes de gobiernos, organismos internacionales y otros socios financieros, el volumen total asociado a estas iniciativas alcanza los 86.400 millones de dólares. Estas cifras representan compromisos y carteras de inversión, por lo que no deben confundirse con dinero completamente desembolsado.

El anuncio se produce en la antesala de la COP31, la conferencia internacional sobre cambio climático que tendrá lugar en Turquía. Duarte advirtió que las solicitudes de financiamiento superan actualmente los 11.000 millones de dólares, una demanda considerablemente superior a los recursos disponibles para nuevas aprobaciones. Ante este escenario, el organismo prepara mecanismos para atraer aportes de fuentes no gubernamentales y ampliar la cooperación entre el sector público y privado. La decisión representa un avance para el financiamiento climático internacional, aunque también evidencia la distancia que todavía existe entre los recursos comprometidos y las necesidades de los países más vulnerables.