El Gobierno de la provincia de Santa Cruz clausuró preventivamente ocho sectores del yacimiento minero Cerro Negro, operado por la multinacional Newmont cerca de Perito Moreno, tras detectar graves irregularidades de seguridad, higiene y fallas operativas. Durante las inspecciones oficiales encabezadas por la Secretaría de Trabajo provincial, las autoridades denunciaron graves maniobras de obstaculización por parte de la empresa, como el cierre con candados de las vías de acceso que obligó a la intervención policial y judicial, así como el traslado e intencional ocultamiento de vehículos en galerías subterráneas para evitar la fiscalización.
Entre los hallazgos más graves expuestos por los inspectores se destaca la denuncia de un derrame de cianuro dentro del complejo y la circulación subterránea de un camión cisterna con combustible que no contaba con la Revisión Periódica Obligatoria (RPO). Asimismo, la activación de alarmas por la presencia de gases en galerías subterráneas encendió alertas sobre el funcionamiento de los sistemas de ventilación y el cumplimiento de las condiciones básicas de trabajo. Estas irregularidades reavivaron la conmoción institucional en la provincia por el trágico antecedente del 9 de abril de 2024, cuando los operarios Daniel Ochoa y Rosana Ledesma fallecieron dentro del mismo yacimiento aurífero.
Como respuesta a los controles oficiales, la operadora Newmont tomó la decisión unilateral de frenar sus operaciones en Cerro Negro y comenzó la desmovilización y traslado de personal hacia distintas localidades patagónicas, justificando su postura en presuntas restricciones logísticas derivadas de las inspecciones. Esta medida provocó un rotundo rechazo del Ejecutivo provincial, que cuestionó la parálisis laboral argumentando que genera un clima de incertidumbre en uno de los complejos productores de oro más importantes del país.
Ante la escalada del conflicto, gremios como AOMA, ASIMRA, Camioneros y UPSAP exigieron garantías laborales inquebrantables y sostuvieron que la seguridad de los trabajadores no puede quedar supeditada a disputas operativas. Mientras la cúpula de Newmont analiza emprender acciones legales de carácter resarcitorio contra la provincia por los perjuicios económicos alegados, se aguarda una cumbre clave entre ejecutivos de la minera y autoridades provinciales para evaluar el estado de las instalaciones y definir si existen garantías mínimas de seguridad y cuidado ambiental antes de un eventual reinicio de actividades.