El Centro Chileno de Río Gallegos atraviesa un nuevo capítulo de su conflicto institucional, que se mantiene judicializado desde hace aproximadamente dos años. Durante la tarde del lunes 19 de octubre se registraron momentos de tensión en el ingreso al edificio, luego de que un grupo de personas intentara acceder a las instalaciones amparándose en una disposición de la Unidad de Registro Público y Contralor de Personas Jurídicas de Santa Cruz. La situación motivó la intervención de efectivos policiales y finalmente derivó en un acuerdo para establecer un plazo de 72 horas destinado a buscar una solución mediante el diálogo.
El presidente de la institución, Pedro Díaz, cuestionó el procedimiento y aseguró que existe una medida cautelar de no innovar dictada por la Cámara de Apelaciones que impediría modificar la conducción mientras continúa el proceso judicial. Según explicó, el conflicto comenzó a raíz de cuestionamientos sobre la renovación de autoridades y la validez de una asamblea realizada en diciembre de 2022. Díaz sostuvo que la disposición administrativa utilizada durante el procedimiento del lunes contradice la medida judicial vigente. Por su parte, el vicepresidente Raúl Burgos permaneció en el establecimiento durante los momentos de mayor tensión, acompañado por la asesora legal de la entidad.
La abogada Andrea Camporro también cuestionó la intervención y manifestó que las autoridades del Centro Chileno no habían recibido una notificación judicial formal que justificara una modificación de la conducción. La letrada explicó que la controversia continúa bajo análisis de la Cámara de Apelaciones de la Primera Circunscripción y sostuvo que las decisiones administrativas deben contemplar la existencia de ese expediente. Durante una entrevista difundida este martes por LU12, Camporro remarcó que el objetivo de las actuales autoridades es preservar el funcionamiento de la institución mientras se intenta resolver el conflicto por las vías correspondientes.
La controversia tiene antecedentes que se remontan a la asamblea del 22 de diciembre de 2022, cuando se desarrolló un proceso de renovación de autoridades con la participación de 131 socios. Posteriormente, un grupo de personas cuestionó la validez de aquella elección y presentó una impugnación ante Personas Jurídicas. En 2024, el organismo provincial emitió una resolución que profundizó las diferencias entre los sectores enfrentados. Desde entonces, la legitimidad de la conducción quedó sometida a un proceso administrativo y judicial que todavía no alcanzó una resolución definitiva. La disputa también genera preocupación por las actividades deportivas, sociales y comerciales que se desarrollan habitualmente dentro del establecimiento.
Durante el episodio del lunes intervino personal de la Comisaría Segunda de Río Gallegos. El comisario inspector Miguel Ángel Guzmán confirmó que las partes alcanzaron un entendimiento para evitar que la situación se agravara y señaló que se avanzaría en la elaboración de un acta ante escribanos. El plazo de 72 horas abre una instancia de negociación, aunque no representa una solución definitiva al conflicto. Por el momento, la controversia continúa pendiente de las decisiones judiciales y administrativas correspondientes, mientras los sectores involucrados buscan establecer las condiciones para garantizar la continuidad institucional del Centro Chileno.
Foto: La Opinión Austral