Una jueza federal de Estados Unidos bloqueó temporalmente una iniciativa del Gobierno de Donald Trump destinada a presionar a distintos estados para que revisaran la ciudadanía de determinados electores antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre. La resolución fue dictada por Tanya Chutkan, quien consideró que los datos utilizados por las autoridades federales podían contener errores y poner en riesgo el derecho al voto de ciudadanos habilitados.
La medida impedía temporalmente que el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional enviaran listas de personas consideradas posibles no ciudadanas o solicitaran a las autoridades estatales que separaran o retuvieran sus votos hasta comprobar su situación migratoria. La controversia se produjo en las horas previas a una elección decisiva para determinar el control del Congreso estadounidense.
Organizaciones defensoras de los derechos electorales y de la privacidad cuestionaron la iniciativa porque, según sus argumentos, podía vulnerar la legislación federal de protección de datos y las competencias de los estados para administrar sus elecciones. También advirtieron que las listas elaboradas por el Gobierno podían incluir personas que sí tenían derecho a participar de los comicios.
La administración Trump sostuvo que sus actuaciones buscaban hacer cumplir la prohibición federal de votar para quienes no poseen ciudadanía estadounidense. Aunque esa prohibición ya existe, los casos comprobados de sufragio ilegal por parte de personas no ciudadanas son poco frecuentes. La disputa se concentró en los métodos utilizados para verificar la elegibilidad de los votantes y en los posibles efectos sobre personas habilitadas.
El fallo se sumó a otras decisiones judiciales relacionadas con las elecciones. En California, un tribunal rechazó una solicitud para separar más de 20.000 boletas, mientras que otro magistrado había limitado las amenazas de procesamiento contra funcionarios electorales. La resolución de Chutkan tiene carácter temporal y no representa una sentencia definitiva sobre todas las controversias planteadas.
