El Gobierno del presidente Javier Milei anunció que restablecerá las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, luego de enfrentar una fuerte resistencia política y legislativa. La decisión representa un cambio respecto de la política de desregulación impulsada originalmente mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. El anuncio se conoció en medio de una jornada de tensión parlamentaria, durante la cual la oposición intentó avanzar con el rechazo del decreto.
La iniciativa oficial contempla incorporar nuevas disposiciones a la legislación sobre propiedad privada para recuperar los límites establecidos por la Ley de Tierras de 2011. Esa normativa fija un máximo del 15% de propiedad extranjera sobre las tierras rurales del país, con restricciones adicionales en cada provincia y departamento. También establece condiciones particulares para determinadas zonas productivas y territorios considerados estratégicos.
El debate adquirió especial relevancia en la Patagonia, donde existen grandes extensiones rurales que despiertan interés de inversores extranjeros. La discusión se intensificó después de recientes decisiones judiciales que modificaron temporalmente la aplicación de las restricciones. En ese contexto, distintos sectores políticos expresaron preocupación por las consecuencias de permitir operaciones inmobiliarias sin los límites establecidos anteriormente.
La oposición había convocado para este jueves 15 de octubre una sesión especial en la Cámara de Diputados con el objetivo de tratar el DNU 70/2023, iniciativas vinculadas con el endeudamiento de las familias y la prórroga de la emergencia en discapacidad. Sin embargo, la convocatoria no consiguió reunir el quórum necesario para comenzar el debate. Según la información publicada durante la jornada, faltaron ocho legisladores para alcanzar el número requerido.
El resultado permitió al oficialismo evitar, por el momento, una nueva confrontación legislativa sobre uno de los decretos centrales de la administración Milei. Mientras tanto, el Gobierno buscará concentrar sus esfuerzos parlamentarios en el tratamiento del Presupuesto 2027 y otras reformas pendientes. La discusión sobre la propiedad de tierras rurales continuará siendo un tema relevante, particularmente para las provincias patagónicas.