La Justicia de Santa Cruz dispuso la prisión preventiva de una mujer acusada de mantener privada de su libertad y someter a graves agresiones físicas y psicológicas a su expareja, una joven de 23 años identificada como Yamina. La resolución fue difundida este domingo 18 de octubre y representa un avance importante en una investigación que generó conmoción en Río Gallegos. Según informó La Opinión Austral, la jueza Yamila Bórquez, titular del Juzgado de Instrucción N.º 2, procesó a la imputada por privación ilegítima de la libertad, amenazas y desobediencia judicial.
El caso comenzó a tomar estado público durante los primeros días de octubre, después de que la víctima consiguiera escapar de una situación de violencia que, según su denuncia, se había prolongado durante un tiempo considerable. En su testimonio, la joven describió episodios de aislamiento, amenazas y agresiones que habrían limitado su posibilidad de comunicarse con familiares y personas cercanas. También sostuvo que su expareja le había quitado el teléfono celular y restringido el acceso a sus redes sociales, lo que habría dificultado que sus allegados conocieran las condiciones en las que se encontraba.
De acuerdo con la reconstrucción publicada por el medio santacruceño, Yamina logró escapar durante un episodio ocurrido mientras ambas se desplazaban en un vehículo. La joven consiguió bajar del automóvil y corrió hasta las inmediaciones del natatorio municipal, donde recibió ayuda de una familia que se encontraba en el sector. Los vecinos dieron aviso a la Policía y colaboraron para que pudiera recibir asistencia. Posteriormente, la víctima fue trasladada para ser atendida por las lesiones que presentaba, mientras se iniciaban las actuaciones judiciales correspondientes.
La investigación quedó bajo la órbita del Juzgado de Instrucción N.º 2 y contó con la intervención de la Comisaría de la Mujer y la Familia y de personal de la División de Investigaciones. Las averiguaciones permitieron avanzar sobre distintos elementos vinculados con los hechos denunciados y derivaron en medidas judiciales contra la sospechosa. Finalmente, la jueza Bórquez resolvió procesarla y disponer su permanencia bajo prisión preventiva en instalaciones de la Escuela de Policía, ubicada en las afueras de Río Gallegos. La medida busca asegurar el desarrollo del proceso mientras continúa la investigación.
La resolución judicial no constituye una condena definitiva, sino una decisión adoptada durante la etapa de investigación. La responsabilidad penal de la acusada deberá establecerse mediante las instancias procesales correspondientes y con las garantías previstas por la legislación vigente. Según la información publicada sobre el expediente, una eventual condena podría alcanzar los nueve años de prisión, dependiendo de los delitos que finalmente se acrediten. El caso vuelve a poner en discusión la importancia de los mecanismos de protección para las víctimas de violencia, la intervención temprana de las instituciones y el acompañamiento de familiares y vecinos frente a situaciones de riesgo.