La situación denunciada alrededor del barco interdicto “Ulises” no sería un hecho aislado. Según testimonios acercados a este medio, no es la primera vez que Walter Uribe queda señalado por disponer de elementos del ámbito portuario como si fueran propios. Ya ocurrió hace casi dos años con el barco “Marcala”, del cual se habrían retirado motores, y el escándalo es aún mayor: se denuncia que equipos Cummins habrían sido entregados a cambio de televisores y una cámara. Esta situación resulta de una gravedad extrema y expone un manejo totalmente irregular.
Y aquí el nombre que vuelve a aparecer en el centro de la escena es el de Walter Uribe. de todos modos, la pregunta es mucho más profunda: ¿Desde cuándo se dispone de bienes vinculados a embarcaciones de esta manera? ¿Quién autoriza esos movimientos? ¿Existen actas, expedientes e inventarios? ¿Y qué control ejerce la Prefectura Naval Argentina ante las dudosas maniobras de este funcionario?
Un puerto público no es una propiedad particular y un barco interdicto no puede ser tratado como un depósito del que cualquiera saca lo que quiere a su antojo. Ningún funcionario puede comportarse como si los bienes bajo su órbita le pertenecieran. Si Walter Uribe puede demostrar que cada actuación fue legal, que exhiba la documentación. Pero si no existen papeles que justifiquen estas insólitas entregas o intercambios, estamos ante hechos gravísimos que deben ser investigados seriamente por la Justicia.
Frente a la constante reiteración de estas denuncias, Uribe debe dar explicaciones públicas de manera inmediata. Y mientras se investiga qué ocurrió con el “Ulises”, con el “Marcala” y cuál fue el destino de los motores, este funcionario debería ser apartado preventivamente de su cargo de forma urgente hasta que su responsabilidad quede completamente esclarecida. La comunidad tiene derecho a saber la verdad.
NO ALCANZA CON EL SILENCIO. NO ALCANZA CON DECIR “ESTABA AUTORIZADO”. QUE APAREZCAN LOS EXPEDIENTES, LAS ACTAS Y LOS INVENTARIOS. Si las denuncias se repiten y los antecedentes se acumulan, ya no hablamos de una simple irregularidad, sino de un modo escandaloso e impune de manejar bienes del Estado que exige una condena y una investigación profunda.