La medida disparó un fuerte conflicto político entre el Gobierno de Santa Cruz y la Municipalidad de la capital provincial. Crece el enfrentamiento entre Claudio Vidal y Pablo Grasso. En simultáneo, la provincia exhibe al país los productos pesqueros de la firma en la Exposición Rural de Palermo.
La decisión de la Municipalidad de Río Gallegos de clausurar las instalaciones de Santa Cruz Puede SAU y del Mercado Concentrador Patagónico por supuesta falta de habilitación e infracciones, escaló fuerte este martes. El enfrentamiento político entre el Gobierno de Santa Cruz, encabezado por Claudio Vidal, y la administración municipal del intendente Pablo Grasso, otorga un nuevo capítulo de la disputa política e institucional que desde hace meses contrapone a ambas administraciones.
La medida municipal generó una inmediata reacción del Ejecutivo provincial y de la empresa estatal elaboradora de productos pesqueros, que calificaron el procedimiento como un acto de «persecución política» y denunciaron que detrás de la clausura existe una decisión orientada a obstaculizar un proyecto productivo impulsado por la Provincia.
Denuncian trato desigual
En un comunicado difundido por el Gobierno santacruceño, “Santa Cruz Puede” sostuvo que no permitirá que «el odio político» del intendente de Río Gallegos frene una iniciativa que, según destacó, fue creada para generar empleo, agregar valor a la producción pesquera provincial y acercar alimentos a precios accesibles para la comunidad.
Desde la empresa también cuestionaron lo que consideran un “trato desigual respecto de otros establecimientos comerciales de la ciudad” y anticiparon que utilizarán todas las herramientas administrativas y legales para revertir la medida.
El pronunciamiento oficial elevó el tono del conflicto al interpretar que la clausura “excede una cuestión administrativa” y responde a una “estrategia de confrontación política” entre el municipio capitalino y la gestión provincial.
Un conflicto que suma capítulos
La clausura no constituye un episodio aislado. Desde el inicio de la gestión de Claudio Vidal, la relación institucional entre la Provincia y el Municipio de Río Gallegos atravesó sucesivos momentos de tensión por diferencias vinculadas a la administración de programas, obras públicas, servicios y políticas productivas.
En ese contexto, “Santa Cruz Puede” pasó a ocupar un lugar simbólico dentro de la estrategia económica del Gobierno provincial. La sociedad estatal fue concebida para industrializar recursos pesqueros de la provincia, agregar valor en origen y diversificar la matriz productiva, con una oferta de productos congelados elaborados en Santa Cruz.
El proyecto también quedó asociado a la política de abastecimiento mediante el Mercado Concentrador Patagónico, otro de los espacios alcanzados por la clausura municipal y que forma parte del esquema diseñado por el Ejecutivo para ampliar el acceso a alimentos a menor costo.
La decisión de la Municipalidad reavivó así una disputa política que ya venía acumulando antecedentes y que encuentra en las iniciativas productivas impulsadas por la provincia uno de sus principales puntos de fricción.
La paradoja de Palermo
El conflicto ocurre, además, en un momento de fuerte exposición pública para la empresa estatal. Mientras inspectores municipales avanzaban con la clausura de sus instalaciones en Río Gallegos, “Santa Cruz Puede” participa de la 137ª Exposición Rural de Palermo, en Buenos Aires, donde presenta su línea de productos elaborados a base de recursos del mar santacruceño.
La presencia en la principal muestra agroindustrial del país forma parte de la estrategia provincial para posicionar la marca, abrir nuevos mercados y mostrar el proceso de agregado de valor que impulsa la gestión de Vidal.
La coincidencia temporal entre ambas situaciones no pasó inadvertida dentro del Gobierno provincial, que interpretó la clausura como un intento de afectar un proyecto que busca insertarse comercialmente en el mercado nacional.
El eje de la disputa
Desde la administración provincial sostienen que “Santa Cruz Puede” representa una herramienta para promover empleo, industrialización y desarrollo económico, mientras que la Municipalidad fundamentó la clausura en el ejercicio de sus facultades de control y fiscalización sobre los establecimientos radicados en la ciudad.
Más allá de los argumentos administrativos, el episodio volvió a poner en evidencia el deterioro de la relación política entre la Casa de Gobierno y el Palacio Municipal, en un escenario donde cada decisión termina adquiriendo una dimensión institucional y partidaria.
Con todo, la controversia instalada profundiza las diferencias políticas y el futuro inmediato dependerá de las actuaciones administrativas que permitan o no el levantamiento de la clausura, aunque el trasfondo parece destinado a mantener abierto un conflicto que trasciende a la empresa pesquera y refleja la creciente confrontación entre los dos principales niveles de gobierno de la capital santacruceña.